En un mundo tan globalizado como el nuestro algunos Estados endurecen sus leyes fronterizas contra la inmigración. Estas no tratan a todos los inmigrantes por igual sino que, en muchos casos, se guían más por razones religiosas y/o económicas que por las capacidades de las personas. En el viejo continente, cada vez más, la Unión Europea selecciona de forma estratégica el tipo de inmigrante al que permite la entrada dentro de sus fronteras. Esta política exterior es excluyente y radicalizadora y difiere de la interna que defiende y favorece la movilidad laboral entre los ciudadanos de sus Estados miembros.
Poco hemos evolucionado si en pleno siglo XXI los Estados siguen haciendo políticas de inmigración restrictivas que impiden la libre circulación de los ciudadanos. Menos aún cuando estas políticas discriminan según la procedencia, la religión o el nivel económico. Los dirigentes de los principales Estados crean campañas en contra de la inmigración ilegal, insinuando la relación entre esta y los altos niveles de desempleo y precariedad social, a la vez que exponen las nefastas consecuencias que surgirían en caso de no llevarlas a cabo. De este modo crean un sentimiento antiinmigración en la población que se traduce en estrictas políticas contra la población inmigrante. En la actualidad, contamos con ejemplos relevantes en Francia y Alemania, pero son muchos más. En el primer caso, se ha procedido a la expulsión de más de 8600 gitanos rumanos, 1450 de modo forzoso, aún en contra de la opinión pública. En el caso de Alemania, su presidenta, Ángela Merkel, ha realizado unas declaraciones en las que aseguraba que “la sociedad multicultural ha fracasado” puesto que “el intento de integrar a los inmigrantes en la sociedad germana “ha sido un absoluto fracaso”. Días más tarde, y tras las fuertes críticas recibidas, aprovechaba un partido de la selección alemana para hacerse una foto con Mesut Özil, jugador alemán de origen turco, que apareció en las portadas de los principales medios de comunicación.
Si hasta la caída del muro de Berlín en 1989 pensábamos en este como una de las construcciones más vergonzosas jamás construidas, veinte años después demostramos que nuestra memoria es corta al hacer la vista gorda ante los construidos entre Ceuta y Melilla y Marruecos, Israel y Palestina o Estados Unidos y México. Todos siguen una misma dinámica: un país rico impide la entrada en su territorio de los ciudadanos de un país pobre. No importa si se denomina valla, muro o fosa, son lo mismo con distinto nombre, pues todos persiguen y alcanzan un mismo objetivo: aislar a los ciudadanos fronterizos y oprimirlos, más aún, en la pobreza con la que tienen que convivir día a día en sus respectivos países.
Los hechos acontecidos en 2005 supusieron un punto de inflexión en la política fronteriza de la Unión Europea. Decenas de inmigrantes subsaharianos, en un desgarrador intento de abandonar la extrema pobreza y opresión a la que están sometidos por Marruecos, intentaron entrar en la UE a través de las vallas fronterizas situadas en Ceuta y Melilla. Estos actos se saldaron con 11 inmigrantes fallecidos, cinco por disparos a manos de la policía fronteriza. Otros muchos resultaron heridos. Desde entonces, la política fronteriza ha ido encaminada a una mayor supervisión de los límites territoriales mediante un incremento de la vigilancia policial y un endurecimiento de las actuaciones contra las personas que intentan entrar en territorio europeo, llegando a emplear los cuerpos antidisturbios en algunas ocasiones. A esta labor, por inexplicable que parezca, colabora de forma intensiva el gobierno de Marruecos. En contraste con estos hechos se está produciendo un incremento de la interacción transfronteriza entre los ciudadanos de ambos países, pues han descubierto los beneficios que les aporta este intercambio comercial y cultural y no están dispuestos a colaborar en el progresivo aislamiento al que, ya de por sí, están sometidos.
Los ciudadanos no podemos seguir en actitud impasible ante estos acontecimientos y debemos exigir el cumplimiento de sus derechos, que son los mismos que los nuestros. Los Estados deben crear políticas que integren y favorezcan la libre circulación de las personas sin importar raza, color o procedencia. Porque, como dijo Abraham Lincom, “los que niegan la libertad a los demás no se la merecen ellos mismos”.
Javier Perellón Sabiote
