En apenas 15 días, y sin dar una explicación detallada a la sociedad, PP y PSOE han aprobado la reforma de la Constitución que obliga al Estado a limitar su capacidad de endeudamiento. Importantes áreas como la educación y la sanidad se encuentran en el ojo del huracán, hasta el punto de ser utilizadas como chivo expiatorio de una crisis originada por la especulación financiera e inmobiliaria.
La falta de consenso entre todas las fuerzas políticas, si bien no ha supuesto un impedimento a la hora de aprobar la reforma constitucional, es un fiel reflejo del rechazo existente en una importante parte de la sociedad. Por tanto, conviene explicar cómo se va a llevar a cabo la reducción del déficit y qué consecuencias va a tener en nuestro país. Ésta puede acometerse de tres formas: reduciendo el gasto público, aumentando los impuestos o estimulando el crecimiento de nuestra economía. La reforma aprobada se centra exclusivamente en la primera opción, la de limitar el gasto público. Esto significa una reducción de los recursos públicos destinados a materias tan importantes como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales, pilares del Estado social que todos disfrutamos y que nunca debieran tocarse. Por primera vez en 30 años, el gasto público total destinado a la educación ha disminuido. Esta rebaja se debe fundamentalmente a ajustes salariales, reducciones en programas de apoyo, infraestructuras, transporte escolar o formación de docentes. Sin embargo, el sistema educativo tiene que hacer frente a un incremento de más de 150.000 alumnos. Ocurre lo mismo en Sanidad, con reducciones que alcanzan el 10% en determinadas comunidades autónomas. Es una constante contradicción: por un lado aseguran luchar contra el fracaso escolar y exigen formación para ser aptos en una sociedad basada en la competitividad más agresiva, y por otro reducen los recursos destinados para hacerlo. Si algo ha demostrado la historia, es que una sociedad poco formada y mal atendida tendrá muy pocas posibilidades de prosperar.
La falta de consenso entre todas las fuerzas políticas, si bien no ha supuesto un impedimento a la hora de aprobar la reforma constitucional, es un fiel reflejo del rechazo existente en una importante parte de la sociedad. Por tanto, conviene explicar cómo se va a llevar a cabo la reducción del déficit y qué consecuencias va a tener en nuestro país. Ésta puede acometerse de tres formas: reduciendo el gasto público, aumentando los impuestos o estimulando el crecimiento de nuestra economía. La reforma aprobada se centra exclusivamente en la primera opción, la de limitar el gasto público. Esto significa una reducción de los recursos públicos destinados a materias tan importantes como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales, pilares del Estado social que todos disfrutamos y que nunca debieran tocarse. Por primera vez en 30 años, el gasto público total destinado a la educación ha disminuido. Esta rebaja se debe fundamentalmente a ajustes salariales, reducciones en programas de apoyo, infraestructuras, transporte escolar o formación de docentes. Sin embargo, el sistema educativo tiene que hacer frente a un incremento de más de 150.000 alumnos. Ocurre lo mismo en Sanidad, con reducciones que alcanzan el 10% en determinadas comunidades autónomas. Es una constante contradicción: por un lado aseguran luchar contra el fracaso escolar y exigen formación para ser aptos en una sociedad basada en la competitividad más agresiva, y por otro reducen los recursos destinados para hacerlo. Si algo ha demostrado la historia, es que una sociedad poco formada y mal atendida tendrá muy pocas posibilidades de prosperar.
El objetivo final de esta reforma, y de todas las que están por venir, es la privatización del sistema público. Es decir, la formación de un sistema social excluyente, en el que quienes menos recursos tengan quedarán en un segundo plano al no poder costearse el uso de los servicios básicos. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, asegura que “la privatización de los servicios públicos significa un robo manifiesto del patrimonio de los pobres. Cuando se privatizan, no sólo se le arrebata a la ciudadanía un bien que le pertenece (ha sido costeado con sus impuestos) sino que se desposee a los pobres de su único patrimonio. Es una doble injusticia. Y una de las raíces de la ira actual”.
No hay más que ver las cifras económicas para observar que el principal problema del país no es la deuda o el déficit, que están por debajo de la media europea, sino el bajo nivel de crecimiento. Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, afirma que “los recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona), están dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española”. Este es el motivo que ha provocado los casi cinco millones de parados actuales y, en consecuencia, el aumento de los gastos derivados en subsidios.
Por tanto, ahora más que nunca hay que llevar a cabo una estimulación de la economía que aporte estabilidad y confianza. Primero, manteniendo la calidad de los servicios públicos. Una sociedad en la que primen valores como la solidaridad, la igualdad y la justicia será más fuerte y podrá hacer frente a todo reto que se le plantee de la manera más efectiva. Y en segundo lugar, exigiendo un compromiso mayor a los más ricos (el 2% de la población) con la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. En los últimos doce años, tanto PP como PSOE han reducido las cargas impositivas a las clases más altas un 38%, mientras que a las clases medias lo han hecho solo un 2%. Además, y puesto que los bancos deben asumir su gran responsabilidad en el origen de la crisis, es de vital importancia exigir una Tasa sobre las Transacciones Financieras (la conocida como Tasa Tobin). Ignacio Ramonet afirma que “con un modesto impuesto de un 0,1% sobre los intercambios de acciones en Bolsa y sobre el mercado de divisas, la Unión Europea obtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Suficiente para financiar con holgura los servicios públicos, restaurar el Estado de bienestar y ofrecer un futuro luminoso a las nuevas generaciones”.
El Estado del bienestar, creado con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los más desfavorecidos (cobertura sanitaria universal, educación gratuita y de calidad y sistema de pensiones independiente de los años trabajados), pende de un hilo por culpa de gobiernos irresponsables más pendientes de sus privilegios que de las obligaciones contraídas con los ciudadanos a los que representan. Los derechos sociales que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros padres y abuelos no pueden ser moneda de cambio para una salida de esta desgarradora crisis que amenaza con llevarse todo por delante.
Javier Perellón Sabiote
