En los últimos días se ha incrementado el número
de voces que auguran la necesidad de España de ser rescatada por la Unión
Europea. Muchos expertos coinciden en que el Estado no podrá continuar haciendo
frente a su elevada deuda y deberá ser intervenido. Ante esta situación, el
Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas urgentes que incluye importantes
recortes al Estado del Bienestar.
El pago de la deuda de la Administración Pública,
situada en datos de 2011 en 736.200 millones de euros, se ha convertido en el
principal objetivo del ejecutivo de Mariano Rajoy. Para ello, se ha marcado el
objetivo de situar el déficit en el 3% en 2013. El presidente asegura en todas
sus comparecencias que “el Estado no puede gastar lo que no tiene” y que España
necesita la confianza de los mercados para salir de la actual situación.
Uno de los argumentos más empleados desde el
Gobierno a la hora de llevar a cabo los recortes sociales consiste en culpar de
la actual situación económica a los españoles por haber vivido por encima de
sus posibilidades. Sin embargo, los datos reflejan una realidad completamente distinta.
En cifras de 2011, la deuda de las familias se sitúa en 871.500 millones de
euros y la deuda de las empresas en 1.260.800 millones. De ésta última, la
mitad está en posesión de las 28 empresas del IBEX 35 no financieras, lo que refleja
que, contra la arbitraria acusación por parte del Gobierno hacia el grueso de
los españoles, son las grandes compañías quienes han llevado a cabo una mala
gestión, y no las pequeñas y medianas empresas.
Otro dato importante a tener en cuenta es que, a
pesar de que el Gobierno no lo exponga de forma pública, el sector financiero posee
una deuda que asciende, en datos de 2010, a 1.094.000 millones de euros. Ésta proviene,
sobre todo, del desfase en el balance producido entre lo que han prestado y los
depósitos que han recibido. Es decir, centrados en incrementar los beneficios a
corto plazo, han prestado más de lo que tenían y esto les ha llevado a
endeudarse en los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de los que
ocurre con las familias y empresas, los bancos reciben grandes cantidades de
dinero público (115.000 millones de euros a día de hoy) que, en lugar de ser
empleado en reactivar la economía del país a través de la emisión de créditos a
familias y empresas, es empleado en el saneamiento de sus balances. Esto
produce un incremento de la deuda del Estado y condena a sus ciudadanos.
Conviene hacer una profunda reflexión sobre las
causas que han llevado al país a esta situación y de quiénes son los
principales culpables para, de este modo, poder establecer quiénes han de pagar
en mayor medida los costes que está ocasionando.
Javier Perellón Sabiote
