Crisis desigual

En los últimos días se ha incrementado el número de voces que auguran la necesidad de España de ser rescatada por la Unión Europea. Muchos expertos coinciden en que el Estado no podrá continuar haciendo frente a su elevada deuda y deberá ser intervenido. Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas urgentes que incluye importantes recortes al Estado del Bienestar.

El pago de la deuda de la Administración Pública, situada en datos de 2011 en 736.200 millones de euros, se ha convertido en el principal objetivo del ejecutivo de Mariano Rajoy. Para ello, se ha marcado el objetivo de situar el déficit en el 3% en 2013. El presidente asegura en todas sus comparecencias que “el Estado no puede gastar lo que no tiene” y que España necesita la confianza de los mercados para salir de la actual situación. 

Uno de los argumentos más empleados desde el Gobierno a la hora de llevar a cabo los recortes sociales consiste en culpar de la actual situación económica a los españoles por haber vivido por encima de sus posibilidades. Sin embargo, los datos reflejan una realidad completamente distinta. En cifras de 2011, la deuda de las familias se sitúa en 871.500 millones de euros y la deuda de las empresas en 1.260.800 millones. De ésta última, la mitad está en posesión de las 28 empresas del IBEX 35 no financieras, lo que refleja que, contra la arbitraria acusación por parte del Gobierno hacia el grueso de los españoles, son las grandes compañías quienes han llevado a cabo una mala gestión, y no las pequeñas y medianas empresas.

Otro dato importante a tener en cuenta es que, a pesar de que el Gobierno no lo exponga de forma pública, el sector financiero posee una deuda que asciende, en datos de 2010, a 1.094.000 millones de euros. Ésta proviene, sobre todo, del desfase en el balance producido entre lo que han prestado y los depósitos que han recibido. Es decir, centrados en incrementar los beneficios a corto plazo, han prestado más de lo que tenían y esto les ha llevado a endeudarse en los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de los que ocurre con las familias y empresas, los bancos reciben grandes cantidades de dinero público (115.000 millones de euros a día de hoy) que, en lugar de ser empleado en reactivar la economía del país a través de la emisión de créditos a familias y empresas, es empleado en el saneamiento de sus balances. Esto produce un incremento de la deuda del Estado y condena a sus ciudadanos.

Conviene hacer una profunda reflexión sobre las causas que han llevado al país a esta situación y de quiénes son los principales culpables para, de este modo, poder establecer quiénes han de pagar en mayor medida los costes que está ocasionando.

Javier Perellón Sabiote

¿Quién muere?

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos.

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante.

Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no pregunta de un asunto que desconoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar.

Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.

Pablo Neruda

Derechos como moneda de cambio

En apenas 15 días, y sin dar una explicación detallada a la sociedad, PP y PSOE han aprobado la reforma de la Constitución que obliga al Estado a limitar su capacidad de endeudamiento. Importantes áreas como la educación y la sanidad se encuentran en el ojo del huracán, hasta el punto de ser utilizadas como chivo expiatorio de una crisis originada por la especulación financiera e inmobiliaria.

La falta de consenso entre todas las fuerzas políticas, si bien no ha supuesto un impedimento a la hora de aprobar la reforma constitucional, es un fiel reflejo del rechazo existente en una importante parte de la sociedad. Por tanto, conviene explicar cómo se va a llevar a cabo la reducción del déficit y qué consecuencias va a tener en nuestro país. Ésta puede acometerse de tres formas: reduciendo el gasto público, aumentando los impuestos o estimulando el crecimiento de nuestra economía. La reforma aprobada se centra exclusivamente en la primera opción, la de limitar el gasto público. Esto significa una reducción de los recursos públicos destinados a materias tan importantes como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales, pilares del Estado social que todos disfrutamos y que nunca debieran tocarse. Por primera vez en 30 años, el gasto público total destinado a la educación ha disminuido. Esta rebaja se debe fundamentalmente a ajustes salariales, reducciones en programas de apoyo, infraestructuras, transporte escolar o formación de docentes. Sin embargo, el sistema educativo tiene que hacer frente a un incremento de más de 150.000 alumnos. Ocurre lo mismo en Sanidad, con reducciones que alcanzan el 10% en determinadas comunidades autónomas. Es una constante contradicción: por un lado aseguran luchar contra el fracaso escolar y exigen formación para ser aptos en una sociedad basada en la competitividad más agresiva, y por otro reducen los recursos destinados para hacerlo. Si algo ha demostrado la historia, es que una sociedad poco formada y mal atendida tendrá muy pocas posibilidades de prosperar.

El objetivo final de esta reforma, y de todas las que están por venir, es la privatización del sistema público. Es decir, la formación de un sistema social excluyente, en el que quienes menos recursos tengan quedarán en un segundo plano al no poder costearse el uso de los servicios básicos. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, asegura que “la privatización de los servicios públicos significa un robo manifiesto del patrimonio de los pobres. Cuando se privatizan, no sólo se le arrebata a la ciudadanía un bien que le pertenece (ha sido costeado con sus impuestos) sino que se desposee a los pobres de su único patrimonio. Es una doble injusticia. Y una de las raíces de la ira actual”.

No hay más que ver las cifras económicas para observar que el principal problema del país no es la deuda o el déficit, que están por debajo de la media europea, sino el bajo nivel de crecimiento. Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, afirma que “los recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona), están dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española”. Este es el motivo que ha provocado los casi cinco millones de parados actuales y, en consecuencia, el aumento de los gastos derivados en subsidios.

Por tanto, ahora más que nunca hay que llevar a cabo una estimulación de la economía que aporte estabilidad y confianza. Primero, manteniendo la calidad de los servicios públicos. Una sociedad en la que primen valores como la solidaridad, la igualdad y la justicia será más fuerte y podrá hacer frente a todo reto que se le plantee de la manera más efectiva. Y en segundo lugar, exigiendo un compromiso mayor a los más ricos (el 2% de la población) con la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. En los últimos doce años, tanto PP como PSOE han reducido las cargas impositivas a las clases más altas un 38%, mientras que a las clases medias lo han hecho solo un 2%. Además, y puesto que los bancos deben asumir su gran responsabilidad en el origen de la crisis, es de vital importancia exigir una Tasa sobre las Transacciones Financieras (la conocida como Tasa Tobin). Ignacio Ramonet afirma que “con un modesto impuesto de un 0,1% sobre los intercambios de acciones en Bolsa y sobre el mercado de divisas, la Unión Europea obtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Suficiente para financiar con holgura los servicios públicos, restaurar el Estado de bienestar y ofrecer un futuro luminoso a las nuevas generaciones”.

El Estado del bienestar, creado con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los más desfavorecidos (cobertura sanitaria universal, educación gratuita y de calidad y sistema de pensiones independiente de los años trabajados), pende de un hilo por culpa de gobiernos irresponsables más pendientes de sus privilegios que de las obligaciones contraídas con los ciudadanos a los que representan. Los derechos sociales que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros padres y abuelos no pueden ser moneda de cambio para una salida de esta desgarradora crisis que amenaza con llevarse todo por delante.                                                                        

Javier Perellón Sabiote

Morir de hambre

Resulta grotesco que los principales medios de comunicación del mundo copen sus aperturas con noticias relacionadas con la crisis bursátil mientras una gran cantidad de personas sufren una mucho peor en todos sus aspectos: la crisis humanitaria. La sequía que atraviesa el Cuerno de África ha provocado que más de 10 millones de personas necesiten ayuda urgente para no morir de hambre. La gravedad de la situación es tal que la ONU ha declarado oficialmente el estado de hambruna en dos regiones de Somalia mientras pide una movilización internacional que permita evitar una nueva crisis humanitaria.

Los países del llamado Cuerno de África (Etiopía, Somalia, Kenia, Uganda y Yibuti) sufren la peor sequía de los últimos sesenta años. Esta situación, unida al conflicto y a la falta de un gobierno efectivo en el país, ha ocasionado que 12 millones de personas requieran asistencia alimentaria urgente para poder sobrevivir. De estos países, Somalia es el país más azotado. En la actualidad dos estados somalís han sido declarados en estado de hambruna, pero ésta ya se ha extendido a otros cuatro más. Desde las distintitas organizaciones no gubernamentales aseguran que la ayuda que reciben es lenta e insuficiente y reclaman mayor colaboración, pues los recursos aportados por las diferentes organizaciones y países apenas cubren el 20% de las necesidades de los campos de refugiados de estos estados, sobresaturados por la creciente necesidad.

La vida de un millón de niños desnutridos está en riesgo. "Tenemos dos millones de niños malnutridos y la mitad de ellos están en condiciones que amenazan sus vidas", ha declarado la portavoz del UNICEF, Marixie Mercado. La situación ha llegado al extremo de que muchas madres se topan en la encrucijada de decidir quiénes son los hijos que tienen mayores probabilidades de vivir para abandonar a los más débiles. Se calcula que más de 30.000 niños de menos de cinco años ya han muerto por hambre en los últimos tres meses. Se espera que sean muchos más.

Y por si todo esto fuera poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef alertan de brotes de cólera y de sarampión entre las víctimas de la hambruna en Somalia. Temen que se expandan y han puesto en marcha un programa urgente de vacunación en Somalia, que pretende llegar a 2,3 millones de niños de entre 6 y 15 años, ya que la cobertura actual se sitúa en torno al 29% de la población. 

Como ocurre en la mayoría de las ocasiones, existen los medios necesarios para paliar la situación. De lo que en realidad se carece es de voluntad política. Jacques Diouf, director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se muestra indignado y afirma que "es inadmisible que, en nuestro tiempo, con los recursos financieros, las tecnologías y los conocimientos de que disponemos, más de 12 millones de personas puedan llegar a morir de hambre".

Los países desarrollados deberían tomar conciencia y ponerse de acuerdo en establecer las políticas a largo plazo necesarias para que en el futuro morir de hambre solo sea un vago recuerdo en la memoria de todos aquellos que no se contentan simplemente con lo que les muestran, sino con lo que por sí mismos pueden ver.

Javier Perellón Sabiote. (Artículo publicado en Actualidad Almanzora)

Estoy cansado

Estoy cansado,

- de que no tengamos algún político decente en este ensimismado país;

- de que todos se llenen la boca de palabras en aras de la libertad para después prohibir y restringir cual amo a su esclavo;

- de que mientan diciendo que para mantener el Estado del Bienestar son necesarios recortes sociales;

- de este juego de niños basado en insultos y amenazas que nada tiene que ver con una sana y competente clase política;

- de no escuchar ni una sola propuesta decente por boca de aquellos que han de guiar el país;

- de expresidentes arrogantes que usan su figura política como medio de exaltación en puesto de serenar y colaborar con su experiencia;

- de medios de comunicación que manipulan la información en pro de sus intereses en lugar de apostar por la verdad en beneficio de su propio país;

- de que por culpa de los más poderosos estén sufriendo los más desfavorecidos;

- de la creencia generalizada de que nada se puede cambiar; de que nuestro poder es limitado; de que los ciudadanos nada podemos hacer.

Javier Perellón Sabiote