La sociedad española se encuentra dividida sobre la necesidad de implantar la cadena perpetua en el Código Penal. Las muertes de Marta del Castillo y de Mari Luz han avivado la polémica creando un debate a nivel nacional de gran envergadura. Quienes defienden su implantación argumentan con la debilidad de las leyes españolas. En cambio, los que se oponen aseguran que es anticonstitucional y poco coherente en nuestra sociedad.
Es necesario reflexionar sobre que objetivo queremos conseguir con la implantación de la cadena perpetua. ¿Queremos excluir al sujeto o rehabilitarlo para una futura reinserción? ¿Saldrá beneficiada la sociedad?. El Código Penal español es uno de los más eficientes de Europa y refleja que no es necesario incluir la cadena perpetua en nuestro sistema para dotarnos de la seguridad que todos ansiamos.
Con independencia de las opiniones surgidas en torno a este debate, es importante aclarar que, según el artículo 25 de la Constitución Española, “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Cualquier internamiento en prisión tiene como único objetivo la reinserción del sujeto en la sociedad, por lo tanto una privación de este derecho es anticonstitucional. Sin embargo, sus defensores abogan por una cadena perpetua revisable que conlleve la posibilidad de una futura reinserción del sujeto. En este supuesto existe la posibilidad de que no vuelva a ser reinsertado, con lo que también debe ser considerado anticonstitucional.
Una sociedad responsable como la nuestra no debe exaltarse por sucesos concretos sino que debe guiarse por valores como la tolerancia, la libertad y la justicia. Solo así podremos seguir avanzando para no volver a caer en el error de implantar un sistema ineficiente y violador de los derechos de las personas.
Javier Perellón Sabiote
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